HOLOCAUSTOLa brutalidad e ilegitimidad del asalto del M-19, el vacío de poder de la administración Betancur y el próposito de exterminar a la guerrilla por parte de la fuerza pública, son las razones por las cuales la Comisión de la Verdad estableció la responsabidad de esos actores en los tráficos hechos del 6 y el 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Jueves 4 Noviembre 2010
La responsabilidad del Gobierno
Las autoridades sabían
Frente al deber de prevención que tenía el Estado, la Comisión aseguró que “las autoridades tenían pleno conocimiento de las amenazas de los extraditables a magistrados de la Corte Suprema, las cuales habían determinado la realización de un Consejo de Seguridad Nacional y la adopción de ciertas medidas de protección que en el momento de la toma del Palacio brillaron por su ausencia”. Y es que “la opinión pública conoció, con base en la información divulgada el 16 de octubre de 1985 por el Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, de la existencia de los planes del M-19 para tomarse la sede máxima del poder judicial”.
Frente al deber de prevención que tenía el Estado, la Comisión aseguró que “las autoridades tenían pleno conocimiento de las amenazas de los extraditables a magistrados de la Corte Suprema, las cuales habían determinado la realización de un Consejo de Seguridad Nacional y la adopción de ciertas medidas de protección que en el momento de la toma del Palacio brillaron por su ausencia”. Y es que “la opinión pública conoció, con base en la información divulgada el 16 de octubre de 1985 por el Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, de la existencia de los planes del M-19 para tomarse la sede máxima del poder judicial”.
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